20 de julio de 2004
Madrid, 20 de julio.- El Consejo de Administración de Previsión Sanitaria Nacional (PSN), reunido hoy en Madrid en sesión ordinaria, ha analizado las recientes decisiones tomadas por el Ayuntamiento de San Juan, de Alicante, que afectan de manera injusta, desproporcionada y negativa al Complejo Residencial Doctor Pérez Mateos.
En su condición de accionista mayoritario de la sociedad anónima que gestiona el complejo, el Consejo de PSN quiere expresar su más enérgico rechazo por la campaña de acoso que el Ayuntamiento viene orquestando en contra de los intereses del Residencial Doctor Pérez Mateos, de sus trabajadores y, en definitiva, de San Juan.
Que el complejo es una de las empresas más importantes de la localidad, que contribuye a su desarrollo y bienestar, es una certeza fuera de toda duda. No obstante, cabe recordar que el impacto del Complejo en la vida socioeconómica de San Juan no es fruto ni de la casualidad ni de la improvisación. Al contrario, es el resultado de una firme convicción de PSN y de la clase médica y sanitaria española en las condiciones y posibilidades del pueblo.
Desde 1964 PSN ha tenido muy claro que el residencial Pérez Mateos debía contribuir al desarrollo de San Juan. Y este convencimiento se ha venido traduciendo en hechos plenamente constatables, tales como la aportación de una parcela de 10.000 metros cuadrados para la ubicación del colegio público Lo Romero y del centro de salud de la Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana; la cesión de otra parcela, ésta de 8.200 metros cuadrados, para el desarrollo del Parque Municipal, cuyo coste también asumió PSN; el acuerdo con el Ayuntamiento para que los vecinos de San Juan tuvieran prioridad en el acceso a la plantilla laboral del complejo; la utilización de terrenos del complejo para depósito de vehículos de la Policía Municipal, y, en fin, la contribución del complejo al conocimiento de San Juan en toda España gracias a los miles de médicos y profesionales sanitarios que han disfrutado de sus instalaciones y, por extensión, de los servicios, equipamientos y condiciones climáticas de la localidad.
Estos hechos servirían por sí solos para que la actitud del Ayuntamiento para con el complejo hubiera sido más constructiva. Pero además resulta que el complejo está haciendo todo lo posible por subsanar las deficiencias detectadas en una de las torres de refrigeración, origen del conflicto. De hecho, a día de hoy, su funcionamiento cumple escrupulosamente con la legalidad vigente y sólo se está a la espera de la sustitución de equipos que permitan la refrigeración nocturna de una de las residencias, suspendida temporalmente por exceso de ruido.