11 de enero de 2006
Madrid, 11 de enero.- La resolución administrativa del Ministerio de Economía que declara la legalidad de la transformación de Previsión Sanitaria Nacional (PSN) en mutua de seguros, según publica hoy Diario Médico, no hace sino reafirmar los argumentos que viene sosteniendo el Consejo de Administración de la Entidad, presidido por Miguel Carrero, al pronunciarse sobre su configuración jurídica.
Economía dice en su resolución, según el citado diario, que no hay motivo para anular la orden de transformación de PSN, puesto que la Asamblea de Mutualistas que impulsó este cambio, celebrada en 1994, tiene el aval del Tribunal Supremo. La anulación de la Asamblea de 1995 queda así reducida a una práctica irrelevancia, según se desprende del posicionamiento del Ministerio.
Parecidos argumentos fueron expresados por PSN en mayo de 2004, inmediatamente después de conocer la sentencia del Tribunal Supremo. Ya entonces PSN dijo que la sentencia “no genera inseguridad jurídica alguna” y que “no provoca alteraciones en la vida normal” de la Entidad. Economía refrenda ahora aquel parecer.
PSN quiere insistir hoy en otra de sus ideas de entonces, que mantiene toda su vigencia. La solución para que PSN pueda convertirse en alternativa al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) no está, como parecen sugerir algunos, en que la Entidad vuelva a ser mutualidad. En este sentido, el hecho de que PSN siga siendo mutua de seguros no supone en absoluto un nuevo fracaso en su intento de conseguir ser alternativa al RETA. El problema no es la configuración jurídica de PSN sino el agravio que están padeciendo los médicos con respecto a otros profesionales liberales que sí disponen de esa alternativa.
De hecho, PSN ha logrado que el Ministerio de Trabajo abra una nueva vía para solucionar el problema, que podría plasmarse a través de un cambio en la Ley de Ordenación de Seguros o de una modificación legislativa específica. Pero no hay noticias de que la nueva Administración vea necesario que PSN tenga que modificar su condición jurídica para convertirse en alternativa al RETA.