Tras la destitución del Consejo de Administración de Juan Blázquez, la Dirección General de Seguros encomienda a dos administradores provisionales, Luis Miguel Ávalos y Alberto Romero, la gestión de PSN. Su paso por la Mutua es transitorio: inician el saneamiento y convocan a los mutualistas para elegir un nuevo Consejo.

Dos altos cargos de la Confederación Nacional de Entidades de Previsión Social, Luis Miguel Ávalos y Alberto Romero, son nombrados administradores provisionales de PSN tras la intervención decretada por la Dirección General de Seguros. Los apresurados sustitutos de Juan Blázquez y su Consejo llegan a PSN con mensajes de tranquilidad tanto para los empleados como para los mutualistas, pero la situación no invita al sosiego. Corre mayo de 1997 y nadie sabe a ciencia cierta qué va a pasar con PSN.

Pilar González de Frutos, directora general de Seguros, en su única intervención pública referida expresamente a PSN, desvela que la causa de la intervención no fueron tanto las supuestas irregularidades de las cuentas de 1995 como la realización de una serie de inversiones y actividades ajenas a la principal, la aseguradora. Ávalos y Romero comienzan a tomar decisiones de calado para frenar los gastos: suprimen las asesorías externas, cancelan la edición de la revista Previsión, rompen con la Fundación Rey Alfonso XIII y comienzan a buscar posibles compradores para el Residencial San Juan. Estas medidas les permiten llevar la proyección del porcentaje de gasto sobre primas al entorno del 20 por ciento, cifra legal, lejos del peligroso 38 que venía registrando PSN con Blázquez al frente.

El mayor problema que afrontan los administradores provisionales es el régimen de pensiones AMFAT. Con el apoyo de Seguros, tratan de negociar una salida a su inminente colapso financiero. Pese a que PSN es sólo la administradora del régimen, la Seguridad Social entiende que es su titular y responde de los posibles impagos que puedan acontecer. Llega noviembre y Ávalos y Romero adoptan una decisión inevitable, que se veía venir desde hacía mucho tiempo: AMF-AT deja de pagar puesto que ya no hay fondos para cubrir todas las obligaciones contraídas con los 5.000 afiliados.

Entretanto, Seguros notifica los cargos que imputa a los exconsejeros que, como había adelantado la directora general González de Frutos, se centran en las actividades ajenas a la aseguradora realizadas por PSN. Las posibles sanciones incluyen 15 millones de las antiguas pesetas de multa y hasta 10 años de inhabilitación. El órgano administrativo de control también imputa a PSN como persona jurídica, que podría verse desprovista de su autorización para ejercer como mutua.

Los administradores provisionales presentan el plan de rehabilitación que les pidió Seguros como el libro de ruta para sanear PSN. Recién comenzado 1998 reciben el visto bueno. El plan parte del estricto control del gasto y de la rentabilización de activos para llegar al equilibrio financiero en un plazo de 15 años. Contiene decisiones controvertidas como la liquidación de la sociedad inmobiliaria Proisesa y la venta del Residencial San Juan. Sus criterios contables parecen ser más laxos que los exigidos al Consejo de Blázquez en el trance de la Luis Miguel Ávalos (derecha) y Alberto Romero llegaron a PSN con la consigna de apretar el cinturón de la Mutua. La presidencia de Artamendi arranca con dos comisiones delicadas: la gestión de su antecesor y los estatutos intervención. Ávalos y Romero proclaman que la aprobación del plan es el primer paso para devolver el gobierno de PSN a sus mutualistas.

Seguros aprueba un plan de rehabilitación basado en el control

de los gastos y en la rentabilización de activos

Seguros nombra al instructor administrativo Fernando Ibáñez para tramitar el expediente abierto a los exconsejeros. A su juicio, la realización de actividades ajenas a la aseguradora, primera acusación de Seguros, no se ha cuestionado ni discutido. El instructor se inclina más por el análisis de los gastos, en los que parece ver más razones para justificar una posible sanción. A esta ceremonia de la confusión contribuye Fernando Díez, subscretario del Ministerio de Economía, que admite en el Congreso, en respuesta a una pregunta parlamentaria, que “el sobreseimiento del expediente es una hipótesis posible”. Toda una profecía.

El mes de junio se presenta como el más probable para la celebración de la Asamblea de Mutualistas que habrá de elegir a un nuevo Consejo de Administración. Comienza la toma de posiciones: los colegios de médicos parecen los más activos. En su estrategia, aparentemente única, sobresale la figura del presidente del Colegio de La Coruña, Miguel Carrero. También generan notable atención los pasos de la analista clínica Carmen Rodríguez, que al frente de la Asociación para la Defensa de los Mutualistas de PSN, intenta evitar la venta de la Residencia de San Juan y exige que se adopten medidas contra el anterior Consejo de Blázquez.